Uso y análisis de #DatosAbiertos para identificar posibles conflictos de interés.

El siguiente trabajo forma parte de un ejercicio estadístico simple con el que se propone puede ser una ruta para la identificación de posibles conflictos de interés en el servicio público, por medio del análisis de los datos abiertos.

mining

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cohecho es el acto donde:


“el servidor público exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su
remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

La misma ley y otras contemplan un vasto sistema que trata de identificar estos actos por parte de los servidores públicos, aunado al nuevo sistema nacional anticorrupción el cual es una suma de esfuerzos para proponer acciones conjuntas en el combate a la corrupción del servicio público.

La “cartilla moral” que propuso el nuevo gobierno es otra herramienta que busca construir una suerte de ética pública en la que los servidores públicos irán forjando su actuar, empero, ¿con qué herramientas cuentan los ciudadanos para confiar en que esta plataforma funcionará?; es decir, ¿qué garantías otorga una ética pública a partir de la publicación de “una cartilla moral” en la mejora de los servicios públicos?; en términos reales, ¿cuál es la relación entre una”cartilla moral”, la ética pública y los servicios públicos?

Claro está que la ética es un componente intrínseco en la elaboración de las políticas, pues;

“Toda política es una selección de valores”.

Mauricio Merino

Bozeman y Jorgensen (2007) por ejemplo, afirman que los valores definen nuestra percepción de la realidad, por lo que la función pública vista como constructo de lo social es guiada por todos esos valores indispensables en la acción de gobierno. En pocas palabras, los valores construyen lo que somos; construyendo así también las acciones de gobierno.

Esto tiene que ver porque finalmente se ha caído en cuenta sobre la importancia de la ética pública. Sin embargo, una cartilla pareciera un esfuerzo más de “buena voluntad” que de racionalidad institucional.

Por ello hemos realizado un pequeño ejercicio para identificar posibles conflictos de interés en el servicio público luego de jugar un poco con la información pública disponible y los datos abiertos. Proponemos una alternativa a las medidas  como “la cartilla moral” para mejorar el comportamiento de los servidores públicos, basada en la implementación de estrategias fundadas en la investigación de la información pública para delinear los valores públicos. Esperamos que a continuación se descubra una nueva veta de investigación en la ciencia de los datos aplicada al estudio del desempeño gubernamental, además de servir como guía en el uso de la información pública del Sistema Nacional de Transparencia.

Para ello, fuimos al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ya dentro, buscamos al Gobierno del Estado de Hidalgo.

sipot1

Nos enfocamos en la fracción VII del artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, el cual corresponde al directorio de los servidores públicos del año 2018.

Descargamos la base de datos en formato csv para luego depurarla; se eliminaron los nombres, puestos duplicados y celdas vacías. Al final sólo quedaron 5,333 registros. En excel se usó la fórmula contar.si.conjunto a las columnas de los apellidos maternos y paternos para encontrar series de servidores públicos con el mismo orden de apellidos (suponiendo una consanguinidad en primer grado). El resultado lo podemos ver en la siguiente ilustración (gráfica 1).

servidores publicos

Gráfica 1. Fuente: Elaboración propia con información del SIPOT.

Al final, 1,217 servidores públicos (22,82% del total adscritos al Gobierno del Estado de Hidalgo) comparten con al menos otro servidor público el mismo orden en sus apellidos. Como se puede ver, un ejercicio sencillo puede abrir nuevas rutas de investigación. Con ayuda de herramientas propias del Data Mining, suponemos encontrar con bases de datos más amplias una compleja red de servidores públicos que se suponen pueden compartir en primer grado un lazo de parentesco. Este ejercicio aplicado en las dependencias gubernamentales de una región en específico nos podría arrojar cómo algunas familias han logrado cooptar a los aparatos de gobierno. Es decir, esta técnica a un nivel macro podría servir para hallar a las principales familias que “dominan” en las instituciones de ciertas regiones del Estado o del país. Para verificarlo, en una segunda etapa se puede preguntar a cada dependencia sobre el parentesco de los servidores públicos (en la misma plataforma nacional de transparencia), o realizar trabajo de campo para corroborar posibles conflictos de interés; el resultado, una alternativa basada en la aplicación de la ciencia de los datos y los datos abiertos del gobierno para vigilar el desempeño del sector público. Todo al alcance de los ciudadanos.

Algunos obstáculos

Sin embargo, del análisis quedan fuera otras redes de cohecho. Por ejemplo, ¿cómo hallar a las redes de amigos cercanos a las familias que de igual forma “cooptan a las instituciones”, o parentescos de niveles más profundos, los cuales implican una evaluación más profunda de los datos?. Ante ello, sigue siendo vital la investigación periodística de campo. No obstante, vemos un panorama alentador con las continuas reformas de gobierno abierto que abren los datos que generan las instituciones a la ciudadanía.

Finalmente, otro problema que por lo menos puede contener el ejemplo que mostramos, es que el grupo de apellidos antes visto puede ser en realidad un “reflejo” de los apellidos que en el Estado o en la región son más frecuentes. En ese sentido no queda más que afinar la técnica usada, asegurarse de que las bases de datos están actualizadas y poner atención en los casos con menores frecuencias y por áreas de cada dependencia. De esa forma creemos que los resultados pueden ser más detallados, y nos pueden mostrar lo que de cierta forma ya se sabe:  la burocracia cumple con una función política clave.

#AlzaLaVoz


¿Quién es “Simba”?

  • Soy un periodista independiente originario de la Ciudad de Pachuca, Hidalgo. Escribo para Artículo Treinta y Nueve. Todas mis notas y textos reflejan mi punto de vista personal, y no el del colectivo Treinta y Nueve.

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